La UNICEN pone al campo en baja

 

La economista de la UNICEN Guillermina Simonetta realizó su informe habitual en la 41º edición del newsletter del Instituto de Economía. Sin analizar el impacto extraordinario que tuvieron las extraordinarias inclemencias hídricas en el campo argentino, la especialista arroja un manto crítico sobre la situación agraria, magnificando la situación en el caso de las economías regionales. Evitando caer en el discurso acerca de los números de la herencia kirchnerista, elabora un llamado de atención sobre las decisiones del actual gobierno que se transforman en una nueva pérdida de oportunidades, las que van desde un atraso cambiario a la ausencia de políticas que tengan impacto en el desarrollo del sector. Asimismo incluye variables externas como fue la "caída en el nivel de actividad en la industria local", la recesión brasileña y una perenne inflación que tocó el 40% y se perfila alrededor del 30% para el año en curso, lo cual "plantea una necesidad de profundizar medidas y tomar otras nuevas".

Más allá de las estructuras, Simonetta pone el ojo en la "alta incidencia en los costos de producción de la mano de obra", reclamando "un urgente cambio en la legislación laboral", discurso en consonancia con los sectores industriales nacionales.

Distintos analistas aseguran que la presión fiscal es estructural a las políticas económicas del país, el costo social sigue incrementándose. La analista entiende que "muchos pensaron que el gobierno iba a aprovechar la necesidad de ajuste dilatado tantos años por el gobierno anterior para proponer una reforma tributaria en serio", aprovechando el sacudón originado en el reajuste tarifario y otras medidas en consonancia de forma que "el impacto quedara incluido dentro de un sinceramiento mayor de variables (…) pero eso no ocurrió", sumado a un "proceso de ajuste (que) quedó mal manejado por errores de análisis y comunicación".

Entiende que "a pesar de la salida del cepo y el sinceramiento de un dólar más elevado que en la etapa kirchnerista, el tipo de cambio sigue siendo no competitivo ya que la inflación es mucho mayor que la suba observada del dólar", haciendo "que varios competidores en el mercado externo se queden con potenciales clientes en sectores muy relevantes para nuestra economía".

Recorre distintas producciones provinciales, y agrega para la región pampeana el caso del maíz. Simonetta afirma que "la quita de las retenciones no evitó la menor ganancia en el campo", analizando que "por el dólar atrasado y la suba de los costos el productor pierde entre USD 20 y hasta USD 30 por hectárea", por lo que "la eliminación de las retenciones debió estar acompañada de otros instrumentos impositivos". Así, para el ejemplo del maíz, "desde la eliminación de las retenciones, no se ha visto una mejora, ya que fue insuficiente para compensar el aumento por el lado de costos: en los últimos 7 años, los gastos de comercialización aumentaron un 33% en dólares", unos USD 122 por hectárea, en donde de los fletes subieron un "44%, pasando de 20 a 30 dólares por tonelada", tendencia que se mantiene en el año. En el mismo período el costo laboral aumentó el 42%, los insumos el 35%, en tanto el precio apenas "mejoró entre el 2011 y la cosecha actual, USD 18 por tonelada un equivalente del 13% en dólares".

En el caso de las economías regionales la situación se agrava a causa de la falta de competitividad en la que el mismo Estado suele contribuir. Por ejemplo "la producción de arándanos el costo de la mano de obra representa el 50% de los gastos", a lo que se suman los demás costos productivos; pero que pueden modificarse por el accionar de los gobiernos. Así reconoce que en aquella producción por "las obras hechas en el aeropuerto de Tucumán incidieron en una mejora del 58% para la exportación de arándanos de esa provincia".

Por otro lado, en caso de los neuquinos "el precio de venta del productor de peras es de $ 3 por kilo cuando el costo de producción es del doble". Igualmente ocurre en caso de los norteños productores del sector olivícola en donde "la producción local se paga en el exterior 4.000 euros la tonelada", cuando -comparativamente frente al mercado externo- paga "una tarifa de energía eléctrica de USD 1000 por hectárea" sobre un estándar que se aproximaría a los USD400; de ahí el reclamo sectorial de "una tarifa de riego agrícola, porque son electro-dependientes", y sin ofertas del Gobierno.

En todos los casos, mano de obra y transportes terminan por encajonar a las economías regionales, situación que no da resolución a los intereses de la "yerba mate, citrícolas, arroceros, vitivinícolas, con otros ejemplos que sufren esta coyuntura que ya se ha instalado como problema estructural".