El historiador Alejandro Olmos Gaona es autor de un nuevo libro, “Deuda o soberanía”, obra que está recorriendo nichos periodísticos dada la buena prédica, las fuentes y el relato que desnuda un endeudamiento que inició la dictadura y que los gobiernos democráticos han avalado sin demasiados cuestionamientos. Es una tarea que inició su padre y que él continúa bajo el precepto de “que sirva para algo, que algún gobierno alguna vez decida hacer otra cosa con la deuda”, sin la inercia que lleva hasta hoy, “así, no va más” sentencia ante el tema que “ha sido el gran condicionante de la Argentina”.

En la obra intenta demostrar “lo que ha significado la deuda en determinados períodos, pero nadie habla de que hubo una investigación penal de la deuda desde 1982 en adelante, que iniciara mi padre y que yo continúe. Tampoco se habla de los aspectos legales”, donde “los contratos que se hicieron afectan al orden público o han violado la ley”, resumiéndose al folclore sobre la decisión de pagar, reestructurar o negar la misma. Para endeudarnos hubo una “arquitectura legal de la deuda, una estructura legal iniciada por la dictadura y perfeccionada en el menemismo han permitido que cualquier gobierno nos endeude como lo han hecho, ni hablemos del 2016/19”.

Aquel andamiaje no se ha tocado en los 37 años de democracia, leyes fundamentales “como la ley de entidades financieras, la de inversiones extranjeras, del funcionamiento del Banco Central…” y todos los testimonios y pericias recabados por la Justicia.

También denuncia “la sesión de la soberanía argentina. En los contratos de deuda, que necesita de la opinión del abogado de la Nación, el Procurador General, nunca actuó en defensa del Estado, sino respondiendo a lo que requerían los acreedores, porque sus dictámenes eran redactados en EEUU, remitidos y transcriptos en la Argentina, y firmados por él”. No alcanzando con el espacio local, Olmos Gaona ha mostrado “cuestiones que han vulnerado la legislación y las formas que se maneja EEUU en sus operaciones y conceptos como el de equidad o préstamos. Es un relevamiento legal que debería ser conocida por todos, porque de ser así no se hablaría de acciones legales que no llevan a nada para llevar a otros mecanismos que podrían ser útiles a la Argentina para cambiar el sistema, porque desde la dictadura a hoy, no hubo ningún gobierno que cuestionarla la deuda. Todos se abocaron a renegociar, refinanciar, reestructurar y pagar; lo dijo Cristina Fernández, somos pagadores seriales”.

 

El caso Ecuador

Olmos Gaona fue asesor del presidente de Ecuador, Rafael Correa, donde llega a establecer la ilegitimidad de la deuda externa. Preguntado acerca de cómo se llega a esa determinación, expuso que “la deuda no responde a las necesidades reales del país, es meramente una especulación financiera; y se llega porque se violaron muchas normas legales, por ejemplo que el Procurador General en vez de emitir un dictamen, acepta lo impuesto por los bancos extranjeros, eso se llama falsedad ideológica. Además, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cuando los peritos de la causa que iniciara mi padre, dictaminaron sobre la deuda argentina, dijeron que la deuda no tenía justificación administrativa ni económica, ni financiera, no respondía a ninguna necesidad real”. Argumenta las similitudes idénticas entre ambos países: “allí fue a través de una dictadura militar en 1976, vino una democracia que se limitó a reestructurar la deuda, después se estatizó la deuda privada como nosotros en 1982, se reestructuró la deuda a través del Plan Brady (aquí en 1993), hubo un enorme canje que allí fue en el 2000 y De la Rúa en 2001; los contratos fueron idénticos, los bancos intervinientes los mismos, los abogados que asesoraban a ambos gobiernos eran los mismos. Sobre ello hay un dato más, la Argentina desde 1989 tiene hasta hoy los mismos abogados norteamericanos que han sido simultáneamente asesores de los acreedores, es el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, uno de los más importantes de aquel país. Ese equipo intervino en todas las operaciones en la década del 90, lo hizo con De la Rúa en el megacanje, también Duhalde, Kirchner, Macri… ¿A nadie se le ocurrió pensar que abogados que no trabajaron a favor de Argentina lo sigan haciendo? Cuando estuve en Ecuador se lo planteé a Correa, mostrando los intereses que tenían, e inmediatamente se revocó la asignación que tenían, pero en Argentina eso no rige, y seguimos haciendo lo mismo”.

 

Los actores de siempre

Por una parte, el historiador desmitifica la imagen negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que expresa que es un organismo que está para prestar dinero. Sin embargo hace señalamientos muy serios, son “acuerdos que se hacen siempre de la misma manera, con Argentina o cualquier país. Lo que pasa es que en algunos países se pide autorización al Congreso, lo que aquí no ocurrió”, algo permito por una ley de 1992 que no se modificó.

Lo que ahonda es en la impunidad total del Fondo, y “lo es porque tiene una estructura legal que lo preserva ante cualquier acción legal acción de un país ante cualquier tribunal; no puede ser enjuiciado ni sus directores o funcionarios. Son indemnes. Pero, además, no podemos saber cuáles son los papeles que maneja el FMI o los estudios que hacen antes de un préstamo, porque también tienen inmunidad de archivo. Ningún juez le podría pedir los papeles; es toda una estructura que permite que Argentina tenga una deuda que no puede pagar, que la reestructuró para pagar en 2025, y que tampoco podrá pagar”, precisó.

Ya en el plano nacional, vinculando a la fuga de capitales, aclara que “no es un delito que cualquier persona puede comprar dólares y llevarlos al exterior porque hay todas una normativa que lo permite, cuando no debería. Por otro lado el Banco Central, con su autonomía y el secreto que mantiene, impide conocer quiénes son los que compran dólares y lo fugan. El BC informó hace poco que durante la gestión de Macri se habían fugado USD 86.000 millones”, desconociéndose quiénes lo hicieron.

Agrega que “no solo son responsables los presidentes que han endeudado, sino el Congreso, porque todos los bonos que emitió Macri le fueron autorizados por ambas cámaras del Congreso, donde él no tenía mayoría. Ahora se hacen los distraídos y señalan a Macri” a quien no controlaron.

Cuando se trata de poner nombres, Olmos Gaona declara que en la Justicia, desde “2018, una causa que impulsa el fiscal Federico Delgado, él imputa a varios funcionarios de la administración macrista (Luis Caputo, Mario Quintana, Santiago Ausili), diciendo que emitían bonos por un lado y lo compraban por otro, teniendo información privilegiada. Después de dos años el juez interviniente determinó que no hay ninguna norma que un funcionario emita y compre bonos; pero el fiscal también sostenía que los colocadores de bonos -que hacían el negocio- eran bancos ligados a esos funcionarios, uno el Deutsche Bank del que Caputo fue presidente y Ausili funcionario, quien siguió recibiendo honorarios, aun cuando estaba en la función pública. Para mí es relevante porque las causas penales no tienen estado público, porque ahí está probado que la mitad de la deuda originada en la dictadura, refinanciada por todos los gobiernos democráticos, era deuda ficticia creada por las empresas privadas más importantes para beneficiarse. Hay auditorías de Techint, el grupo Macri, Ford Motors, Renault Argentina… los supuestos capitanes de la industria decidieron hacer un gran negocio para que pague la Argentina”.

 

El impacto en la vida cotidiana

Un tema que sobrevuela la conversación es el desconocimiento que tenemos los argentinos sobre la deuda, sin embargo, tiene una enorme repercusión en la vida diaria de las personas. Dice Olmos Gaona que “cualquier persona puede leer los diarios y saber que hay UDS 330 mil millones de deuda, que Macri dejó tanto; el problema es que el ciudadano no accede a los presupuestos o cuentas públicas, pero cuando ves el presupuesto observás lo grave que es el pago de los intereses de la deuda, tanto que en 2021 se presupuestó -en medio de la pandemia- para salud y educación $ 300 mil millones, para ciencia y tecnología $ 67 mil millones, para pago de deuda $ 650 mil millones. Entonces una cosa es el discurso y otra es la realidad objetiva, porque te dicen que la prioridad es la salud y se adjudica más del doble al pago de deuda. Y gracias a la gestión del ministro Guzmán, eso bajó; ahora cualquier ciudadano debe saber que esos miles de millones podrían ser afectados a educación, salud, trabajo, viviendas. Muchos dicen que lo que se debe, se debe pagar, el problema es que nadie va a los orígenes espurios de la deuda, así Argentina viene por décadas pagando una deuda que no sirve para nada”.

 

La micro coyuntura

En la última quincena, Guzmán negociando en EEUU se halló con discursos contrapuestros entre Cristina Fernández y Alberto Fernández sobre el pago o no de la deuda. “Hay cosas que son innegables, Cristina dijo una verdad, la deuda no se puede pagar porque no tenemos plata, la única forma es endeudarnos para pagar deuda vieja. El presidente, ya dice que en estas condiciones no podemos pagar, me imagino que en EEUU y en el FMI se han de preguntar por qué hay funcionarios que no articulen el discurso con un ministro que fue a pedir plata o plazos. Ahora si el ministro va a pedir algo para refinanciar los compromisos y se escucha que la vicepresidenta dice no vamos a pagar, dirán que no tiene lógica”, expone.

Otro dato que deja al descubierto es que “hay muchas presiones de los acreedores que han negociado con el gobierno, hoy los bonos negociados el año pasado valen el 36%, haciendo que los aprovechados de siempre compren a ese valor, pero el gobierno les reconoce el 100% y paga intereses por el total, con lo que van a hacer un espléndido negocio. Estas contradicciones afectan cualquier negociación, además el Fondo no es un organismo de beneficencia, y en algún momento puede ayudarnos o dejar de hacerlo con total discrecionalidad.  Cuando se dice que el Fondo, así como violó su carta constitutiva porque dio un dinero y no advirtió al gobierno que estaba fugando capitales, hoy podría decidir exigencias para darte el dinero, son ajustes y condicionalidades que han exigido y harán con Guzmán; aquí se dicen discursos, pero a los jubilados se los está ajustando, y habrá muchos otros”.

Por último, a modo de ejemplo, recordó que “en 2014 se arregló con el Club de París, se le debían USD 6.200 millones, y el ministro Kicciloff acordó pagarle USD 9.500 en cinco años, cuando Argentina tampoco tenía posibilidades de pagar; y lo más grave es que el 60% de eso se usó durante la dictadura para comprar armas para reprimir al pueblo argentino y de importaciones no declaradas, una deuda reconocida por varios gobiernos constitucionales. Nuevamente, una cosa es el discurso y otra es la realidad, eso consta en papeles, contratos, decretos y acuerdos”, concluyó.